El bajo gasto público en salud y protección social —producto de una baja recaudación de impuestos— tuvo como consecuencia que América Latina y el Caribe fuera la región más letal del mundo durante la pandemia de Covid-19 Lamentablemente, nuestras autoridades han desatendido su obligación de maximizar recursos para garantizar nuestros derechos. La falta de recursos públicos no sólo reduce derechos, sino cuesta vidas. Es hora de poner fin a las políticas públicas que no pongan en el centro los derechos humanos. No seamos indiferentes.
una política fiscal justa se refiere a un enfoque progresivo de impuestos y gasto público, por el que se impone mayores contribuciones tributarias a quienes tienen mayores ingresos, y un gasto público mayor destinado a quienes enfrentan mayores desigualdades para acceder a sus derechos. Además, los impuestos pueden ser herramientas para desincentivar o compensar por actividades que pueden dañar la salud o el medio ambiente, como la explotación de combustibles fósiles. También implica que las decisiones de deuda y medidas de austeridad no limiten la capacidad de los Estados para garantizar derechos humanos.
¿Cómo se ve una política fiscal justa? Luce como una serie de medidas para ampliar los presupuestos estatales hacia la inversión en bienes y servicios públicos que garanticen el ejercicio de derechos humanos, con una mirada de equidad que permita el acceso efectivo y la igualdad de oportunidades de todas las personas, y particularmente de grupos de población históricamente discriminados y marginalizados, ya sea por políticas racistas y coloniales, o por la epidemia de corrupción que afecta al continente.
para atender la crisis de desapariciones en varios países se requieren recursos para establecer instituciones, herramientas y metodologías especializadas para las labores de búsqueda de personas, resguardo de evidencia forense, así como para mecanismos de prevención. La deficiencia en la canalización de recursos públicos, ha sido uno de los elementos centrales que previenen a los Estados responder a las múltiples crisis de derechos humanos que enfrenta la región. Desde luego, la recaudación fiscal exige mecanismos eficaces de rendición de cuentas que aseguren un uso transparente y adecuado del dinero público. Pero el ejercicio de derechos exige también una distribución justa destinada a atender las demandas sociales históricas. 2/5
Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional ha observado como los Estados alrededor del mundo van selectivamente y diferenciada mente fortaleciendo sus capacidades para garantizar los derechos humanos de las poblaciones en sus países. En las Américas, desde hace tiempo hemos observado con preocupación como los gobiernos de turno han hecho un uso inadecuado de los recursos financieros disponibles, de manera que la protección de los derechos humanos queda relegada intencionalmente. la garantía de protección de los derechos humanos requiere la asignación prioritaria de presupuesto público en todas las áreas relativas. Sin recursos suficientes no hay garantía plena para el ejercicio de derechos.
Me Llamo Mucho La Atención La Nota " Sin Recurso No Hay Derecho".
Y habla sobre todo el derecho a la salud, pero tambien habla de la crisis económica, pero sobre todo política, que tienen los gobierno para hacer frente en su totalidad a este gran problema, que se ha terminado por confirmar en una epidemia político-socilal
Nacido en la Cd. De Hermosillo, amante de la escritura y lectura .Ubicación: 🇲🇽Me Llama La Atención La Política, No Por El Bien Propio, Si No Por El Bien Común.