Almeida
El uso indebido de bases de datos policiales se podría evitar con solo tres medidas legales:
1.- Que solo pudiese consultarse con la firma electrónica del juez que lleva la investigación, y que nadie más pudiese acceder a los datos debidamente cifrados.
2.- Aumentar las penas por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos por parte de funcionarios policiales.
3.- Derogar el artículo 535 del Código Penal, coladero para eludir prisión por escuchas ilegales.
Almeida
Obsérvese que cuando espía un funcionario mediando causa por delito la pena no es de prisión, solo de inhabilitación y multa. Con penas tan bajas sale muy barato espiar a diputados, y si el funcionario se ha cubierto las espaldas abriendo un atestado, lo más probable es que sea absuelto.
Almeida
Me preocupa el espionaje a David Bravo, al que interesaba controlar no solo por ser diputado de Podemos, sino por su activismo político y judicial contra los abusos del copyright. Nadie espía por cuenta propia, siempre se espía a favor de alguien.
Almeida
Artículo 535.
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.
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