"En España, quince activistas esperan juicio por lanzar agua tintada de remolacha al Congreso en 2022. La Fiscalía pide 21 meses de prisión por daños al patrimonio histórico, ignorando que el verdadero daño es el colapso climático que denuncian.Mientras tanto, la vigilancia policial aumenta. Detenciones arbitrarias, infiltración en movimientos y amenazas son prácticas comunes. Organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción asumen que son constantemente espiadas."