La crisis política catalana ha sacado a la superficie el lado más tenebroso de la democracia española: un legalismo exacerbado a la hora de abordar problemas políticos complejos, una visión muy estrecha de la democracia como Estado de derecho, una fuerte resistencia a negociar, un nivel bajo de tolerancia hacia quienes piensan de forma radicalmente distinta y un intento de resolver un conflicto político mediante causas judiciales.
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