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Con distintas denominaciones, y pese a los eufemismos que puedan utilizarse para hacer referencia a estos centros, tantos los CIEs como los CATE presentan la misma naturaleza al constituirse como espacios de privación de libertad de las personas migrantes con la finalidad de su expulsión a través de la institucionalización de la criminalización de las personas por el mero hecho de no disponer de permiso de residencia; lo que que constituye una falta administrativa, pero en ningún caso, según nuestra propia normativa de extranjería, un tipo de delito. En ambos centros, como trataremos más adelante, se producen vulneraciones de derechos y ni tan siquiera se cumplen unas condiciones materiales mínimas.