El gobierno argentino debe responder por el hallazgo de cientos de falsos aportantes a su campaña electoral, por casi trescientos funcionarios de primera línea que a la vez son directivos de empresas nacionales y extranjeras, en lugar de eso, persigue con su brazo judicial a la oposición política y "desalientan" la prpesencia de comunicadores no obsecuentes con propuestas de retirar publicidad oficial a los medios de comunicación. Por lo demás andamos bárbaro