"La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
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"El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como "Arco Minero del Orinoco", en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.
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"En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de 'un genocidio cultural silencioso'.
“Sufrimos cantidad de humillaciones, vejaciones. En un día nos hicieron desnudar cuatro veces. Nos trasladaron por diferentes alcaldías, unidades, hasta llegar al penal de Ezeiza”, denunció Andrea Despo Cañuqueo, una de las presas políticas, tras el regreso desde Buenos Aires (...)
“Nosotras entendemos que el Estado es el terrorista, que todo lo que esto va haciendo fue para causar terror, las torturas, los traslados compulsivos, las amenazas de muerte”, expresó [Débora Vera, otra de las detenidas].
"Mientras tanto desde su arresto domiciliario La machi Betiana Coluan Nahuel, autoridad espiritual mapuche, confesó que “fue muy difícil” aguantar “el atropello, la represión, el hostigamiento de parte del winca”. “Pero seguimos acá, de pie, en defensa de un espacio territorial”, agregó.